Para el día 19 de octubre de 2007, en el salón de reuniones del Senado del Reino de Bélgica, se encontraba señalada la ceremonia de entrega del Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux al presidente de la Corriente Agramontista, René Gómez Manzano. Pese a haber iniciado en tiempo las gestiones que las autoridades migratorias cubanas exigen para otorgarle a alguno de sus súbditos el correspondiente “permiso de salida”, nuestro Presidente, previendo la eventualidad de que el régimen totalitario cubano no lo autorizase en definitiva a viajar, grabó el mensaje que aquí reproducimos. Éste, en vista del no otorgamiento del “permiso de salida”, fue escuchado por los congregados para la celebración de dicho acto solemne. Como se observa del texto, los párrafos finales del mensaje aparecían en idioma francés. En la presente versión se ha incluido, en lugar de ese pasaje del original, la traducción al castellano de esos párrafos, realizada por el mismo autor.* * * * *
Ilustres dignatarios y personalidades presentes en este acto de premiación,
Integrantes del Jurado Internacional del Premio Ludovic Trarieux,
Distinguidos colegas,
Señoras y señores,
Queridos amigos:
Me siento muy honrado de tener la posibilidad de dirigirles estas palabras. Desde luego, hubiera preferido poder hacerlo personalmente, pero si esta grabación se escucha en la ceremonia de entrega del premio, ello significará que esa posibilidad me estuvo vedada por el contumaz inmovilismo del régimen totalitario cubano, el cual se ufana de autodefinirse como una dictadura, mantiene las normas constitucionales que consagran el papel dirigente del partido único sobre el conjunto de la sociedad y del Estado, y no sólo ha borrado de sus textos supralegales toda alusión al derecho de los nacionales a entrar y salir libremente del Territorio Nacional, sino que se arroga de hecho la facultad de autorizar o no cualquier viaje de sus súbditos al extranjero, lo que implica que se comporta como si los ciudadanos fuesen una especie de esclavos o siervos de la gleba que sólo pueden hacer aquello que su señor les autoriza graciosamente.Por desgracia, así ha sucedido en mi caso, pues a pesar del apoyo generoso que me prestaron el señor Presidente y los miembros del Jurado Internacional, así como otros colegas, todas esas gestiones han resultado ahora baldías, en razón de la negativa del nuevo equipo gobernante del país, encabezado hace ya algo más de un año por el hermano menor del dirigente histórico de casi medio siglo, a otorgar a tiempo el “permiso de salida” que se requería para que yo pudiese viajar a recibir el premio personalmente.
Por consiguiente, puedo afirmar que mi ausencia de esa ceremonia constituye una prueba más de la triste realidad que vive hoy nuestra Patria, que, pese a los preocupantes acontecimientos acaecidos en los últimos años en la fraterna República de Venezuela, continúa siendo en puridad el único país del Hemisferio Occidental que no disfruta de una democracia representativa y pluralista, en el cual no se respetan los derechos humanos internacionalmente reconocidos y el que —por añadidura— se encuentra sumido en una profundísima crisis.
Señoras y señores: Estas palabras mías no deben ser muy largas, teniendo en cuenta que en este acto de premiación debe hacer uso de la palabra en mi nombre el señor Juan Escandell Ramírez. A él y al colega europeo que deberá acompañarlo los he autorizado para que uno de ambos acepte en mi nombre el prestigioso premio internacional que me ha sido otorgado, así como para que reciba las constancias de su otorgamiento.
A pesar de esa necesaria brevedad, debo decir que en mi país es notable la labor de los centenares de organizaciones que de un modo u otro luchan en pro del respeto de los derechos humanos, pese a la intensa represión desatada contra ellas por el régimen totalitario, que ha convertido a Cuba —no obstante su población relativamente pequeña— en el país occidental con mayor número de presos de conciencia en el mundo. Todas esas organizaciones, en algunos casos sin estar conscientes de ello, son seguidoras y continuadoras de la obra inmortal de Ludovic Trarieux, cuya memoria es perpetuada ahora en este galardón que tanto prestigio ha venido adquiriendo desde que hace ya más de dos décadas le fuera otorgado por vez primera al valeroso luchador anti-apartheid Nelson Mandela. Creo que es justo y necesario decir que este premio que se me ha otorgado constituye también un reconocimiento a la notable labor desplegada por todas esas entidades contestatarias cubanas, a todo lo largo y ancho de nuestro archipiélago.
Quisiera aprovechar esta ocasión para mencionar específicamente a la mayor agrupación de organizaciones independientes de nuestro país —la Asamblea para Promover la Sociedad Civil—, que en mayo de 2005 llevó a cabo en nuestra capital el histórico primer congreso de demócratas cubanos. Me siento honrado por haber sido y seguir siendo uno de los tres miembros del Ejecutivo de esa coalición.
También considero un honor haber presidido, desde su fundación y hasta la actualidad, una de las más de tres centenares y medio de organizaciones que integran la mencionada Asamblea: como seguramente ustedes habrán imaginado, me estoy refiriendo a la Corriente Agramontista, una agrupación de abogados independientes de la que forman parte actualmente en suelo cubano una veintena de juristas aproximadamente, a los cuales habría que sumar varias decenas más que se han visto obligados a emigrar por la represión del régimen totalitario. Nuestra pequeña Corriente, cuyo nombre se deriva del apellido del ilustre abogado, libertador y mártir de la independencia cubana Ignacio Agramonte, caído gloriosamente en combate contra las fuerzas colonialistas en 1873, puede enorgullecerse de ser la única agrupación de juristas que lucha expresamente en nuestro suelo en pro del establecimiento del Estado de Derecho en Cuba, de la independencia del Poder Judicial, del libre ejercicio de la abogacía, de una Fiscalía que ajuste su actividad a criterios técnico-jurídicos y no políticos, y del restablecimiento de los colegios de abogados.
Porque debo decir que en nuestro país, a pesar de que esas instituciones databan de 1840, los colegios de abogados fueron objeto primeramente de una llamada “toma revolucionaria” que permitió echar a un lado a sus directivas democráticamente electas, y después fueron simplemente disueltos. Tras varios lustros sin contar con alguna institución que los representase siquiera formalmente, los hombres de leyes cubanos tuvieron la posibilidad de ingresar a la Unión Nacional de Juristas, institución que, debido a su carácter declaradamente gobiernista, jamás ha podido contar en sus filas con la totalidad de los letrados del país, y que, aunque es formalmente autónoma, en realidad fue creada por el régimen totalitario a su imagen y semejanza, con el único fin de institucionalizar el supuesto apoyo de la clase togada al sistema castrista. También existe la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), que encuadra a todos los que ejercen la abogacía, ya que en la Cuba actual está terminantemente prohibido desde 1974 el libre ejercicio de nuestra libre profesión.
La falta de legitimación de esas dos instituciones para que se las pueda considerar como verdaderas representantes de los juristas cubanos, se pone de manifiesto en un hecho objetivo irrebatible: no se conoce ni un solo caso en que una o la otra hayan levantado su voz para defender a un compañero injustamente perseguido; y conste que no han faltado ocasiones para ello: hasta donde sé, nuestra Patria ha tenido el triste privilegio de ser el único país cuyos hombres de leyes han sido objeto de una operación policial en toda regla, dedicada especialmente a ellos, en cuyo curso fueron arrestados, enjuiciados y sancionados a muchos años de prisión decenas y decenas de juristas de todo el país. Este ataque masivo en contra de nuestra profesión recibió el sugestivo nombre de Operación Toga Sucia.
Esta purga de corte estalinista tuvo otra faceta más: en 1984 fueron formalmente “disueltos” los bufetes colectivos hasta entonces existentes, y en su lugar fue “creada” una institución teóricamente “nueva”, a la cual los abogados en ejercicio se vieron obligados a “solicitar su ingreso”. Mediante esta treta, 110 de los cerca de 800 abogados en activo en aquella época fueron separados del ejercicio profesional. Como “justificación” de este arbitrario despido masivo se esgrimió el argumento de que los “no admitidos” no llenaban el requisito establecido en el Decreto-Ley N° 81 de que el postulante tuviese “condiciones morales acordes con los principios de nuestra sociedad”. En la práctica, este eufemismo señala la obligación en que se encuentra el abogado cubano de poseer lo que en el argot castrista se denomina “integración revolucionaria”, que no es más que la aceptación expresa de las políticas del gobierno y del partido único, así como la pertenencia a las llamadas “organizaciones de masas”, que también apoyan al régimen que las creó, y en las cuales los ciudadanos son regimentados siguiendo criterios de vínculo laboral, vecindad, sexo, etcétera.
El mencionado Decreto-Ley sigue vigente hasta hoy, lo que ha servido para que los dirigentes de la ONBC nieguen la posibilidad de ejercer la abogacía a aquellos compañeros que no comulgan con el sistema o que simplemente no son de su agrado; además, es frecuente que aquellos que forman parte de esa organización y mantienen una actitud contestataria, sean expulsados de la misma, como en 1995 hicieron con el que les habla sin siquiera incoar el expediente disciplinario que manda la Ley. Estas limitaciones llamarán más la atención si las contrastamos con el reducido número de juristas en activo. Se da la paradoja de que nuestro país, que es el de mayor cantidad per capita de médicos o deportistas en toda la América Latina, es al propio tiempo el de menor número de abogados. Se trata, indudablemente, de una secuela de aquellos tiempos en que los personeros del actual régimen —por entonces con mucha menos antigüedad en sus posiciones de mando— enarbolaban alegremente una consigna pasmosa: “¿Abogados para qué?”
Por lo demás, los agramontistas hemos denunciado la falta de independencia del aparato encargado de administrar justicia. Se trata no sólo de una realidad de hecho, sino también de una situación plasmada en las leyes y basada en criterios teóricos con los que no podemos comulgar: el actual régimen cubano rechaza expresamente la tripartición de poderes (que estuvo vigente desde el nacimiento de nuestra República en 1902) y enarbola en su lugar la concepción monista del Estado; de acuerdo con el artículo 121 de la vigente Constitución de la República, “los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado”. No existen asociaciones profesionales de funcionarios judiciales.
En cuanto a la política legislativa del régimen totalitario, es conveniente señalar que éste ha demostrado una notable vocación por reprimir a todo aquel que disiente y que se niega a admitir el papel del partido único como “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” (conforme aparece consignado en la mismísima Constitución de la República). Para todos estos compatriotas de talante contestatario se dictó la tristemente célebre Ley 88, que de manera certera ha sido bautizada por los periodistas independientes cubanos como “Ley Mordaza”. Ese verdadero engendro antijurídico fue empleado por primera vez por el gobierno castrista en 2003 contra los integrantes del tristemente célebre Grupo de los 75, encarcelados, acusados y sancionados por los tribunales del régimen en menos de tres semanas, en procesos sumarios carentes de cualquier tipo de garantía para los derechos de los acusados. Las “piezas de convicción” ocupadas eran unas pocas computadoras personales, algunas máquinas de escribir de carácter museable, libros impresos en el extranjero, papel, bolígrafos... ¿Los hechos supuestamente justiciables? Escribir artículos en los que se criticaba el estado de cosas existente en el país, celebrar reuniones en domicilios particulares, visitar sedes diplomáticas extranjeras, conceder entrevistas a medios de prensa radicados fuera de Cuba…
Por esas mismas fechas fueron juzgados los integrantes de un grupo de ciudadanos que, guiados por la desesperación, secuestraron una lancha y tomaron como rehenes a los pasajeros, exigiendo que se les permitiese viajar a los Estados Unidos. Aunque el hecho constituía sin dudas un delito —incluso de cierta gravedad—, el hecho ciertamente no tuvo mayores consecuencias, ya que el incidente fue liquidado en unas pocas horas, y no hubo desgracias personales que lamentar. Pese a esto, todos los implicados fueron sometidos a un proceso sumarísimo, en el curso del cual tres de ellos fueron sancionados a la pena de muerte. Entre la detención y el anuncio de que esos desdichados habían sido ya fusilados decursó menos de una semana.
Aunque estos sucesos tienen más de cuatro años de antigüedad, merecen ser recordados y criticados todavía, pues los integrantes del glorioso Grupo de los 75, al igual que otros presos políticos y de conciencia, continúan privados de libertad hasta hoy en condiciones francamente deplorables: mezclados con reclusos comunes de toda laya, recibiendo una alimentación pésima y una asistencia médica y odontológica harto deficiente, sufriendo en ocasiones golpizas y otros atropellos, y en muchos casos en cárceles alejadas de sus ciudades de residencia. Por añadidura, el régimen totalitario ha continuado su represión: puedo citar el propio ejemplo mío y de otros compatriotas detenidos en julio de 2005, unas semanas después del histórico primer congreso de demócratas cubanos al que hice alusión anteriormente: todos esos opositores fuimos mantenidos en prisión por un período que en algunos casos excedió de un año y medio, sin juicio y sin acusación formal.
En la actualidad el régimen emplea otra modalidad represiva: incoa contra los ciudadanos que asumen una postura contestataria los llamados “expedientes de peligrosidad”; reconocidamente, esos ciudadanos no han cometido delito alguno, ya que esta clase de proceso penal se sigue, por definición, contra personas que no son culpables de delito, pero que, según el arbitrario criterio de las autoridades, “están en peligro de cometerlo”. Sobre la base de ese verdadero absurdo, muchos hermanos nuestros han sido encerrados en cárceles por períodos de hasta varios años.
Volviendo a la situación específica de los juristas cubanos, debo decir que, en el plano económico, no es mucho mejor lo que puede decirse del sistema de trabajo profesional implantado por el régimen castrista; baste decir que muchos abogados perciben salarios inferiores a los de trabajadores administrativos, y los mejor pagados reciben emolumentos que, cambiados en las casas autorizadas al efecto, equivalen a unos veinte o treinta dólares al mes. Repito el dato para los que tal vez piensen que he sufrido un lapsus linguae: nuestros colegas mejor pagados perciben menos de un dólar al día.
Toda esta triste realidad, así como la actitud de la Unión Nacional de Juristas y de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (que jamás han expresado una crítica, sino que se han limitado a aplaudir y apoyar las medidas del régimen), constituyen la razón de ser de nuestro movimiento agramontista, el cual ni siquiera está organizado formalmente, ya que la solicitud hecha al amparo de la vigente Ley de Asociaciones hace ya más de quince años para constituir la Unión Agramontista de Cuba no ha sido respondida hasta hoy. Esto no ha impedido que brindemos asesoramiento legal a quien nos lo solicita, como tampoco que hayamos efectuado encuentros, realizado estudios jurídicos y redactado varios memoriales en los cuales hemos solicitado a las autoridades del país el restablecimiento del libre ejercicio de la abogacía y la independencia de la Administración de Justicia, una amplia amnistía para los presos políticos y algunos otros, reformas legislativas, etcétera. También hemos editado nuestro boletín, el último número del cual (el 6) vio la luz a fines del pasado mes de agosto. Desde luego, aquellos de nosotros que en uno u otro momento hemos estado en aptitud legal para ello, hemos continuado representando a nuestros hermanos opositores y activistas de derechos humanos.
También hemos tenido el honor de ser la única agrupación de juristas cubanos radicados en la Isla que ha solicitado el cese de la persecución contra compañeros nuestros víctimas de hostigamiento y represión, en especial de los que han sido arbitrariamente encarcelados. Y debo decir que no alcanzan los dedos de una mano para contar a los juristas miembros de la Corriente Agramontista que hemos estado privados de libertad durante años en uno u otro período.
Permítanme por ello que, como primera petición, les dirija la de que expresen su solidaridad con el colega que en estos momentos más necesita de ella, el abogado agramontista Rolando Jiménez Pozada, quien permanece injustamente encarcelado en la Prisión de El Guayabo, en su natal Isla de la Juventud, desde abril de 2003, y a quien a principios del presente año, tras un juicio amañado en el que no le permitieron defenderse a sí mismo (como lo autorizan las actuales leyes cubanas) y en el cual él ni siquiera estuvo presente, fue sancionado a doce años de privación de libertad. Casi está de más decir que cualquier apoyo que ustedes puedan brindarle a él y a los restantes presos políticos cubanos será motivo de nuestro reconocimiento más sincero.
Distinguidos amigos: Quisiera que me permitieran dedicar este premio a aquellos que más han sufrido y sufren por su activismo pacífico en pro de la democratización de Cuba y del respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos: los presos políticos y de conciencia. Son ellos (los que integran el Grupo de los 75 y todos los demás) quienes deben estar primordialmente en las mentes de nosotros, sus compañeros de lucha pacífica, y de ustedes, los extranjeros que no son insensibles a los sufrimientos del pueblo cubano; me sentiría muy reconfortado si mis palabras sirvieran para reafirmar la actitud solidaria que sé que ustedes han manifestado sistemáticamente y continúan manifestando hacia todos los que en el mundo son víctimas de la persecución y la violación de los derechos humanos.
Señoras y señores, para terminar mi mensaje, les ruego que me permitan pronunciar algunas palabras en francés.
En primer lugar, quiero hacerlo a fin de rendir homenaje en su bello idioma a ese gran ciudadano de Francia, de Europa y del Mundo cuyo nombre ilustre lleva el Premio que acaba de serle entregado a mi representante. La obra inmensa realizada por Ludovic Trarieux al luchar contra la injusticia y el racismo y al crear con éxito la primera organización de defensa de los derechos humanos, esa verdadera epopeya merece el recuerdo de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, ahora y siempre; por lo tanto, cumplo un verdadero deber al rendir homenaje a su gloriosa memoria.
En segundo lugar, deseo hacerlo a fin de subrayar el gran honor que el otorgamiento del prestigioso Premio Internacional Ludovic Trarieux representa para mí, para mis colegas de la Corriente Agramontista y para todos mis compatriotas que luchan pacíficamente en pro del respeto de los derechos humanos y del triunfo de la democracia en Cuba.
En tercer lugar, quisiera pedirles una vez más que no se olviden del jurista Rolando Jiménez Pozada ni de las otras treintenas de prisioneros de conciencia cubanos, que sufren actualmente en las cárceles de mi país en condiciones terribles. Mis amigos y yo estamos seguros de que ustedes continuarán brindándoles vuestra solidaridad y vuestro apoyo.
¡Muchas gracias a todos ustedes!
